Source: The Conversation – (in Spanish) – By Mariano J. Aznar Gómez, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Jaume I
El galeón español San José se hundió en combate con los ingleses en 1708 cerca de Cartagena de Indias con casi toda su tripulación y pasaje a bordo. Hoy, tres siglos después, sus restos todavía reposan a 600 metros de profundidad en el mar territorial colombiano.
Esta localización en su territorio permite a Colombia defender que, según su derecho interno, los restos del galeón son propiedad pública de la República. Pero España, dada la condición de buque de guerra del San José, considera que la embarcación es propiedad pública española como Estado de pabellón, según la Ley 14/2014 de Navegación Marítima y de acuerdo con el derecho internacional.
Un botín para los cazatesoros
Más allá del interés arqueológico que ambas naciones comparten, los cazatesoros pronto pusieron sus ojos en el pecio puesto que parte de la carga del San José incluía materiales preciosos (oro, plata, perlas y esmeraldas)
En la década de 1980, una compañía (Glocca/SSA) obtuvo una serie de permisos de hallazgo por parte de las autoridades colombianas en amplias zonas cercanas a Cartagena. Esa empresa sostiene que halló los restos del galeón, cuestión que niega el Gobierno colombiano. Éste, tras revocar alguno de esos permisos, hizo público en 2015 el efectivo hallazgo de los restos del San José y decidió iniciar un proceso de extracción y comercialización de los restos a favor de otra compañía cazatesoros (MAC).
Esta aproximación mercantilista de la Administración de Juan Manuel Santos fue rechazada por la comunidad científica colombiana e internacional, que exigió del Gobierno colombiano la gestión de los restos del San José como parte del patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad.
Esta reacción produjo que la siguiente Administración colombiana, la del presidente Iván Duque, decidiera no proseguir con el contrato y declarara en 2022 el sitio arqueológico del San José –también tumba marina, no debe olvidarse– como bien de interés cultural.
Todo ello provocó que la primera compañía cazatesoros demandara a Colombia ante un tribunal internacional de arbitraje de inversiones. Argumentaba que sus posibles derechos sobre la carga –pues sólo les interesa la carga, no el pecio ni su valor histórico– habían sido ilegalmente anulados.
Hoy día, el litigio sigue pendiente. España intentó personarse bajo la figura de amicus curiae, pero el tribunal rechazó provisionalmente esa pretensión en diciembre de 2023. En un nuevo plazo que acabó el pasado 17 de enero, España presentó un nuevo escrito de amicus para alegar sus derechos.
Un problema añadido llegó también en enero, cuando la segunda compañía cazatesoros (MAC) presentó una reclamación contra Colombia para iniciar un arbitraje de inversiones ante el CIADI. Cabe entender que dicha reclamación deriva de la anulación del contrato con MAC por la Administracion Duque.
Leer más:
¿Por qué los cazatesoros son un problema para el patrimonio arqueológico subacuático?
Los pueblos indígenas también reclaman su parte
A todo esto, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana en agosto de 2022, se dio mayor eco a la pretensión de ciertas comunidades indígenas que reclaman parte de la carga del San José –de nuevo, sólo los materiales preciosos–. Consideran que su origen se encuentra en procesos extractivos durante la época virreinal que incluyeron trabajos forzosos de sus pueblos, no sólo en Colombia sino también en Bolivia, Perú y México.
El presidente Petro inicialmente pareció volver al modelo de comercialización, acompañando la cuestión con argumentos indigenistas y anticoloniales en los que España, como siempre, es la diana.
Afortunadamente, tanto desde la cancillería colombiana como desde sus instituciones culturales y, fundamentalmente, la Armada colombiana, el tono político se ha rebajado y se busca encontrar un modelo de cooperación entre España y Colombia para preservar y respetar el sitio arqueológico y tumba marina del galeón San José.
Lo ideal: un acuerdo para proteger el buque
España y Colombia sostienen posiciones jurídicas hoy inconciliables sobre la propiedad de los restos. Hay quien sostiene que España debería, simplemente, reclamar la propiedad y litigar con Colombia. Con ello se ignora la tremenda complejidad jurídica del caso, que incluye el derecho aplicable, el acceso a los posibles medios de solución y las consecuencias de una posible resolución desfavorable del asunto para España.
La solución a mi entender debería ser otra: buscar un acuerdo entre España y Colombia al que luego puedan coadyuvar otros Estados con interés legítimo en el galeón y su carga, como México, Panamá y Perú, entre otros. Ellos también eran España en el momento del hundimiento del San José.
Se debería procurar un acuerdo en el que no se decida sólo quién es dueño de qué, sino cómo proceder a la mejor protección del sitio arqueológico y tumba marina. Un acuerdo que se rija por estrictos protocolos arqueológicos, nunca comerciales, del que queden fuera los cazatesoros, y que tenga presente el interés primordial de España en la memoria de aquellos que murieron en combate, así como el de Colombia en ordenar y regular las actividades arqueológicas dirigidas al San José en su territorio marítimo. Un acuerdo, en fin, que ponga en valor un patrimonio cultural subacuático compartido por naciones hermanas.
Sólo si la codicia del lobby cazatesoros en Colombia o el nacionalismo –trufado con indigenismo– al otro lado del Atlántico dieran un vuelco a la juiciosa posición promovida ahora mismo por parte de la Administración colombiana, España debería plantearse litigar internacionalmente.
La posición jurídica de España es bien conocida y no debe renunciar a sus legítimas pretensiones. Pero estas hay que saber plantearlas en el momento y forma más adecuadas, evitando iniciar procesos en los que uno sabe cómo empieza pero no cómo acaba.
Colombia sabe que, al igual que España peleó contra los cazatesoros ante los tribunales estadounidenses para recuperar las fragatas Juno, Galga o Mercedes, también litigará contra esos nuevos piratas del mar donde sea y cuando sea. Si consideramos que el patrimonio cultural subacuático, en general, y el galeón San José, en particular, es un patrimonio compartido, España espera encontrar a Colombia en esta lucha y no enfrente.
El autor ha realizado diversos dictámenes jurídicos sobre el tema para el Reino de España. Las opiniones expresadas en este artículo lo son a título exclusivamente personal y en modo alguno comprometen a España.
– ref. El galeón San José: diez años de disputas entre España, Colombia, piratas y pueblos indígenas – https://theconversation.com/el-galeon-san-jose-diez-anos-de-disputas-entre-espana-colombia-piratas-y-pueblos-indigenas-251080