Source: The Conversation – (in Spanish) – By Laura Barroso Gonzalo, Investigadora de la Cátedra de los derechos del niño, Universidad Pontificia Comillas
El entorno digital ya forma parte de nuestras vidas: de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, de nuestra forma de relacionarnos… Y eso incluye a los niños, niñas y adolescentes. Pero aunque ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de las personas menores de edad, no está exento de riesgos.
El informe sobre la cibercriminalidad en España, del Ministerio del Interior, arroja datos inquietantes. Las amenazas y coacciones son los delitos online que más afectaron en 2024 a las personas menores de edad (1 606 victimizaciones). Además, los datos de violencia sexual online también son elevados (1 078 victimizaciones). Solo durante ese año, el 84,2 % del total de los delitos de índole sexual online fueron cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Esto convierte a la infancia y la adolescencia –sobre todo a las niñas– en el grupo más afectado por este tipo de delitos.
Sin embargo, estas cifras solo reflejan una parte del problema, ya que se estima que muchos de los casos no salen a la luz. Otros estudios han intentado estimar la prevalencia de las violencias online que sufre la infancia en España y las cifras son alarmantes.
En el reciente estudio sobre prevalencia del Ministerio de Juventud e Infancia, el 25 % de las personas encuestadas indicaron haber sufrido algún tipo de violencia online durante su infancia. Los principales responsables señalados fueron la pareja (27,9 %) y personas desconocidas, tanto adultas (26,3 %) como menores de edad (23,9 %).
La mayoría de casos no se denuncian
La mitad de las personas consultadas afirmó no haber hecho nada tras ser víctima de la violencia digital. Tan solo un 31,3 % se lo contó a alguien y un 9,7 % denunció la situación. En este sentido también hay diferencias según el sexo, ya que los hombres denunciaron en mayor medida que las mujeres.
En relación con la violencia sexual durante la adolescencia, un estudio publicado en 2024 por la Universidad de Barcelona identificó la victimización electrónica como la forma más frecuente. Afectaba al 12 % de la muestra, y de nuevo, incidía especialmente en las chicas. Este mismo equipo de investigación, en colaboración con la Fundación Save the Children, realizó un estudio posterior sobre victimización sexual online que incluía más formas de violencia. En él, el 98 % de las chicas y chicos encuestados indicó haber sufrido alguna durante la infancia o adolescencia.
Proteger sin expulsarles
En definitiva, los datos de los que disponemos dejan claro que el entorno digital constituye un nuevo espacio en el que se ejercen diferentes tipos de violencia contra la infancia. Sin embargo, la falta de consenso al definir lo que se considera violencia digital y las diferencias metodológicas entre estudios dificultan conocer la verdadera dimensión del problema.
En cualquier caso, reducir el debate a los riesgos sería un error. El ecosistema digital también favorece el derecho a la educación, a la identidad, a la cultura, al ocio, al juego, a mantener relaciones familiares, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a ser escuchados y a la participación social y política, entre otras cuestiones. Todo ello es esencial para el bienestar y el desarrollo integral de la infancia.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas abordó esta cuestión a través de la Observación General Nº 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, documento de referencia para el desarrollo de políticas públicas en esta materia.
El desafío, por tanto, es encontrar el equilibrio entre proteger a la infancia frente a las violencias digitales sin vulnerar sus derechos. Porque expulsarles del mundo digital no es una solución proporcionada ni eficaz.
¿Qué hace la ley para protegerlos?
El ordenamiento jurídico español está intentando adaptarse a esta realidad cambiante para proteger a la infancia frente a la violencia digital. Sin embargo, la regulación está llegando tarde.
En 2021 se aprobó una Ley Orgánica de protección integral a la infancia frente a la violencia, con una potente finalidad preventiva, que especifica que el entorno digital debe ser seguro para la infancia. Pone el foco en sensibilizar y capacitar a la infancia, a las familias y a profesionales.
Además, se ha aprobado un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que podría constituir un paso importante para impulsar medidas efectivas que protejan los derechos de la infancia. Este texto refuerza la necesidad de formación, modifica algunos delitos del Código Penal y establece obligaciones para que las empresas tecnológicas diseñen sus productos de manera más segura.
Sin embargo, también propone aumentar de los 14 a los 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos personales. Esto implicaría aumentar la edad de acceso a redes sociales. En este sentido, sabemos que, aunque actualmente la edad mínima de acceso sea de 14 años, muchos niños y niñas de menor edad están accediendo a contenidos y espacios online que no son adecuados porque no hay mecanismos de verificación de la edad eficaces. ¿Subir la edad de acceso a redes sociales terminará con el problema?
Cuándo acceder y cómo acompañar
Probablemente la cuestión no sea únicamente a qué edad pueden acceder los niños y las niñas a determinados espacios digitales, sino cómo son esos entornos a los que acceden y cómo acompañar ese acceso. Las oportunidades y los riesgos del ecosistema digital varían según la edad y el grado de madurez, por lo que la adquisición de competencias y autonomía debería producirse de forma gradual.
Desde una perspectiva de derechos de la infancia, las medidas que se establezcan deben ser eficaces, necesarias y proporcionadas. Las prohibiciones, por sí solas, no siempre garantizan una mayor seguridad y pueden limitar el ejercicio de derechos humanos.
Por ello, antes de imponer nuevas restricciones conviene evaluar el interés superior de los niños y niñas, así como el impacto y la eficacia real de las medidas que se ponen en marcha. El reto consiste en construir entornos digitales más seguros para la infancia en los que puedan aprender, participar y desarrollarse.
Laura Barroso Gonzalo trabaja en la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y es miembro de la Asociación ATZ. Anteriormente, trabajó en Save the Children.
– ref. Luces y sombras de la vida digital: el impacto de la violencia ‘online’ en la infancia – https://theconversation.com/luces-y-sombras-de-la-vida-digital-el-impacto-de-la-violencia-online-en-la-infancia-283842