Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
El 14 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento que promete despejar el estrecho de Ormuz. Los mercados lo celebraron de inmediato: el precio del petróleo cayó, el gas licuado se abarató y los titulares anunciaron alivio para las facturas. Todo parecen buenas noticias. El problema es que, en política energética, las buenas noticias a corto plazo son con frecuencia malas noticias a largo plazo.
Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y alrededor del 20 % del comercio global de gas natural licuado (GNL). Cuando las tensiones con Irán escalaron a partir de marzo de 2026 y el tráfico se contrajo de forma severa, ese dato dejó de ser una abstracción estadística y se convirtió en precios de la energía disparados, y, por ende, en costes industriales más altos y en facturas domésticas que apretaron los presupuestos familiares de Cádiz a Tallin.
Las consecuencias para España fueron relativamente limitadas: apenas el 2 % de su gas transita por ese estrecho, y su suministro descansa sobre Argelia –que sostuvo el 33 % del total en 2026– y sobre Estados Unidos, por vía marítima.
En el suministro físico, España hizo los deberes; en la transición estructural, queda trabajo pendiente: el gas y el petróleo cotizan en mercados globales: cuando Ormuz tose, el recibo de la luz estornuda en Parla, en Sevilla y en Bruselas por igual.
La UE sigue recurriendo al gas natural licuado
Durante los meses de tensión, la Unión Europea reaccionó con una velocidad sorprendente. Las aprobaciones de parques solares se aceleraron, las licitaciones eólicas aumentaron y varios Estados miembros adelantaron compromisos de electrificación industrial. Eso es real y merece reconocimiento.
Sin embargo, si se mira dónde fue la mayor parte del gasto energético de emergencia, la foto es menos alentadora. El paquete AccelerateEU – Energy Union, presentado por la Comisión Europea en abril de este año, reconoció un gasto adicional de 24 000 millones de euros en combustibles fósiles desde el inicio de la crisis.
Según estimaciones derivadas del informe, la gran mayoría de ese gasto se destinó a sustituir el GNL del golfo Pérsico por GNL de otros orígenes –Estados Unidos, Catar, Australia– y no a electrificación estructural. Europa pagó una enorme cantidad de dinero para seguir dependiendo del gas, solo que de otros vendedores y a precios de mercado elevados por la escasez global. Cambiar de proveedor no es lo mismo que cambiar de modelo.
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Si el petróleo es barato, la transición energética se ralentiza
La presión política para acelerar la transición energética no viene de los discursos climáticos ni de los acuerdos internacionales. Viene, principalmente, del precio de la energía en el momento en que el ciudadano paga su factura. Cuando la energía duele en el bolsillo, los gobiernos actúan. Cuando resulta barata, la urgencia se evapora.
Los incentivos políticos para invertir en renovables, reformar los mercados eléctricos o aislar térmicamente los edificios son mucho más débiles cuando el barril cotiza a 70 dólares que cuando lo hace a 110. La reapertura de Ormuz no elimina el riesgo geopolítico estructural –Irán seguirá siendo Irán, el estrecho seguirá existiendo–, pero sí elimina la percepción inmediata de ese riesgo, que es exactamente lo que mueve las decisiones presupuestarias y legislativas.
La historia respalda esta lógica. Tras el shock petrolero de 1973, los países industrializados lanzaron ambiciosos programas de eficiencia energética y diversificación. Cuando los precios cayeron en los años ochenta, la mayor parte de esos programas se abandonó silenciosamente. Europa llegó a 2022 con una dependencia del gas ruso que ningún análisis de riesgo serio habría aceptado.
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La literatura académica documenta este patrón de forma sistemática: las políticas energéticas se desmantelan más fácilmente cuando desaparece la relevancia del problema para el ciudadano. El ciclo amenaza con repetirse.
La ventana de oportunidad no se abre cuando la energía es cara. Se abre cuando todavía duele el recuerdo de que lo fue y la presión política sigue activa. Ese es exactamente el momento en que nos encontramos hoy.
El destino está claro, pero la velocidad es variable
Hay un punto de partida jurídico sólido: en diciembre de 2025, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la Ley Europea del Clima, que fija legalmente el objetivo de reducir las emisiones netas en un 90 % para 2040.
Ese objetivo final es vinculante y no está en discusión. Lo que sí depende de la voluntad política de cada ciclo presupuestario es todo lo que hay entre hoy y ese horizonte: la velocidad de transposición de la Directiva de Energías Renovables, los fondos asignados cada año a electrificación industrial, la agilidad en la concesión de permisos para renovables, el ritmo de reforma de las redes de distribución. Son instrumentos de ejecución discrecionales, y es precisamente ahí donde la caída del precio del petróleo hace daño: no borra el objetivo, pero sí enfría la urgencia de los pasos intermedios que permiten alcanzarlo.
Tres medidas concretas podrían reforzar ese blindaje:
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La primera medida es respetar y ejecutar los plazos legales de la Ley Europea del Clima y la Directiva de Energías Renovables (RED III), cuya transposición completa sigue pendiente en varios Estados miembros, entre ellos España: un objetivo legalmente vinculante no puede quedar supeditado a la voluntad política del momento.
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La segunda es crear mecanismos de financiación anticíclicos –fondos que se nutren cuando los precios fósiles son altos e invierten en transición precisamente cuando bajan–, un papel que el Pacto de Industria Limpia podría asumir si se eleva de comunicación política a reglamento vinculante.
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La tercera es anclar la narrativa pública de la transición energética al riesgo estructural de largo plazo –no al precio del barril de cada temporada–, de modo que la visibilidad política del problema no desaparezca con cada alivio coyuntural.
Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Por qué la reapertura del estrecho de Ormuz amenaza la transición energética europea – https://theconversation.com/por-que-la-reapertura-del-estrecho-de-ormuz-amenaza-la-transicion-energetica-europea-285386