Source: The Conversation – (in Spanish) – By Antonio Alonso Jiménez, Doctor Ingeniero de Minas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Un teléfono inteligente puede requerir más de 50 metales y contener casi tres cuartas partes de los elementos de la tabla periódica. En pocos centímetros conviven cobre, litio, cobalto, níquel, tantalio, indio, grafito y tierras raras. Esta concentración ayuda a entender algo que rara vez vemos: las transiciones digital y energética comienzan en una mina.
Una transición que también es material
Paneles solares, aerogeneradores, baterías, redes eléctricas y vehículos eléctricos necesitan materias primas. El Reglamento de Materias Primas Fundamentales europeo fija para 2030 cuatro referencias: que la Unión Europea pueda extraer al menos el 10 % de su consumo anual de materias primas estratégicas, procesar el 40 %, reciclar el 25 % y evitar que un solo país tercero suministre más del 65 % de cada una.
Estos objetivos reflejan una preocupación por la seguridad de suministro. Cuando una industria depende de pocos proveedores, una crisis política o comercial puede afectar a cadenas productivas enteras. Por eso, el debate sobre energía limpia también incluye geología, industria y reciclaje.
España cuenta con potencial geológico para minerales como litio, wolframio, cobalto y tierras raras, además de una larga experiencia minera. Sin embargo, disponer de recursos no garantiza un suministro estable, sostenible y aceptado por la sociedad. Entre el conocimiento geológico y una explotación autorizada existe un recorrido técnico, ambiental, administrativo y social.
Una ley de otra época
La base del sistema en España sigue siendo la Ley de Minas de 1973. Es anterior a la Constitución, al desarrollo del Estado autonómico, a la entrada del país en la Unión Europea y a buena parte de las normas ambientales actuales. Fue concebida para una realidad política y territorial muy distinta.
En un estudio reciente analicé esta evolución jurídica y la percepción de 333 profesionales, responsables públicos, académicos y otros actores relacionados con el sector. El 95,2 % consideró que la minería es necesaria para el desarrollo económico. Al mismo tiempo, el 94 % señaló el conflicto entre la ordenación territorial y la regulación minera, y el 80,5 % afirmó que la ley no se ha adaptado a los cambios legislativos y sociales posteriores.
Antonio Alonso Jiménez
Los datos muestran una aparente contradicción: se reconoce la importancia económica de la minería, pero preocupa cómo se decide dónde y en qué condiciones puede desarrollarse. El principal problema no es solo qué minerales existen, sino cómo se gobiernan.
Muchos permisos, poca coordinación
En España intervienen la Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Un proyecto puede necesitar autorización minera, evaluación ambiental, permisos de agua, compatibilidad urbanística y análisis de su posible afección a espacios protegidos. Cada control es legítimo, pero el conjunto se vuelve difícil de seguir cuando las decisiones no están coordinadas.
Estas autorizaciones corresponden a organismos distintos y suelen tramitarse una después de otra. Algunos procedimientos alcanzan entre seis y ocho años. Además, una misma ley puede interpretarse de forma distinta entre comunidades autónomas, lo que reduce la previsibilidad. La demora también dificulta saber si un proyecto será viable.
El reglamento europeo establece para los proyectos estratégicos un punto único de contacto y un plazo máximo de 27 meses para los proyectos de extracción. Alcanzarlo no exige rebajar la protección ambiental. Exige coordinar expedientes, compartir información y tramitar conjuntamente evaluaciones que hoy se desarrollan por separado.
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Esta falta de coordinación tiene otra consecuencia: dificulta que las comunidades afectadas comprendan quién decide cada parte del proyecto y en qué momento pueden participar. Cuando los expedientes avanzan por vías separadas, la información llega de forma fragmentada y aumenta la sensación de opacidad. Un procedimiento integrado permitiría conocer desde el principio los requisitos, los plazos y las responsabilidades de cada organismo.
También ayudaría a distinguir entre proyectos inviables y proyectos que pueden corregirse. Decidir antes no significa aprobar automáticamente una mina. Significa identificar con rapidez los impactos que no pueden aceptarse, exigir cambios cuando sean posibles y evitar años de incertidumbre para empresas, administraciones y vecinos.
Antonio Alonso Jiménez
Proteger mejor y dialogar antes
La minería produce impactos y debe someterse a controles rigurosos. Son necesarias las evaluaciones ambientales, las garantías económicas para la restauración, el seguimiento durante la explotación y la vigilancia posterior al cierre. El problema aparece cuando estas garantías se aplican mediante una administración fragmentada. Un procedimiento más claro puede ser más rápido sin ser menos exigente.
La restauración debe planificarse desde el diseño del proyecto, contar con financiación suficiente y continuar después del cierre. También es esencial explicar los riesgos, los beneficios y las alternativas. La investigación sobre la licencia social para operar muestra que la confianza depende de la participación temprana, la transparencia y la percepción de que el procedimiento es justo.
Peabody Energy, Inc./Wikimedia Commons, CC BY
Un primer paso, pero no el último
España ha aprobado el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030. Incluye 34 actuaciones y una inversión pública de 414 millones de euros. Es un avance para impulsar la circularidad, la investigación y la coordinación institucional.
Sin embargo, un plan de acción no puede sustituir indefinidamente la reforma de una ley con más de medio siglo. España necesita un marco actualizado que defina las responsabilidades de cada administración, integre los procedimientos, planifique el territorio, facilite la recuperación de minerales presentes en residuos mineros y garantice la participación pública desde las primeras fases.
La geología ofrece oportunidades, pero no decide por nosotros. Convertir los recursos minerales en empleo, industria y seguridad de suministro, sin reducir la protección ambiental, dependerá sobre todo de las decisiones institucionales.
Antonio Alonso Jiménez trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y es autor del estudio científico en el que se basa este artículo. No recibió financiación específica para realizar dicho estudio ni para preparar el manuscrito y declara no mantener relaciones financieras, profesionales o personales que hayan influido en su contenido. Las opiniones expresadas son exclusivamente del autor y no representan necesariamente la posición oficial del CSIC o del IGME.
– ref. Una Ley de Minas anticuada y la falta de coordinación institucional lastran el aprovechamiento de minerales críticos en España – https://theconversation.com/una-ley-de-minas-anticuada-y-la-falta-de-coordinacion-institucional-lastran-el-aprovechamiento-de-minerales-criticos-en-espana-288824