Source: The Conversation – (in Spanish) – By Fidel Bedia Castillo, Coordinador Académico Máster Universitario en Seguridad Pública, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Una manifestación termina. Las cámaras se marchan. Se apagan los contenedores incendiados, se retiran los cristales y las calles recuperan poco a poco su aspecto habitual. Pero el conflicto no desaparece con la última imagen del telediario. El primer balance permite contar locales afectados e intervenciones. Queda por valorar cuánto cuesta reparar los daños y recuperar la actividad.
La jornada de huelga general del 11 de noviembre ofrece un ejemplo reciente. Los balances difundidos por el Ministerio del Interior y las policías suman más de cien detenciones en distintas provincias por distintos motivos. Interior comunicó 39 arrestos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la Ertzaintza informó de 16. En Barcelona la Generalitat contabilizó 52. Falta valorar el perjuicio económico. Para ello hay que esperar a conocer y examinar los daños concretos.
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¿Quién soporta el coste?
El derecho de reunión y manifestación constituye una pieza esencial de una sociedad democrática. Precisamente por eso resulta importante separar su ejercicio de la violencia que pueda acompañarlo.
Cuando una minoría destruye bienes públicos o privados, el coste se distribuye entre personas que muchas veces no participaron en el conflicto: contribuyentes, comerciantes, trabajadores, vecinos y usuarios de los servicios afectados.
Ese es quizá el coste más oculto. Una farola rota es patrimonio público; un comercio saqueado tiene propietario y trabajadores; un autobús que no circula puede impedir acudir al trabajo, a una consulta médica o recoger a un hijo.
Antecedentes en España y Europa
Atravesamos un contexto de movilizaciones en las calles. Algunas de las convocadas por estudiantes en Francia registraron incendios y saqueos. Las convocatorias francesas inspiraron llamamientos en España bajo el paraguas de Blocus, una red de cuentas anónimas y una etiqueta (hashtag) en redes sociales. Hubo convocatorias similares en otros países europeos. En América Latina, una marcha en defensa de la universidad pública en Buenos Aires dejó daños en el mobiliario junto al Congreso. Cada movilización tuvo sus propias reivindicaciones.
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Un derecho fundamental
Conviene empezar por una distinción imprescindible: manifestarse, hacer huelga o formar parte de un piquete informativo no equivale a participar en actos violentos. Atribuir a toda una movilización los daños de una minoría sería tan incorrecto como ignorar sus consecuencias por producirse durante una protesta.
El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. En las manifestaciones en la vía pública, el trámite previsto es la comunicación previa a la autoridad. La Ley Orgánica 9/1983 obliga a las autoridades a proteger su ejercicio. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recuerda que quienes se manifiestan pacíficamente conservan esa protección cuando otros participantes cometen actos aislados de violencia.
La factura de los ayuntamientos
Cada contenedor, papelera, señal, banco o bicicleta pública destruida tiene un coste de reposición. No existe una tarifa universal: depende del modelo, el contrato, el material y la ciudad. En 2021, el Ayuntamiento de València cifró en 607 700 euros el coste de 518 contenedores quemados por actos vandálicos desde junio de 2019. Era un balance de vandalismo en la ciudad durante dos años. Cada unidad costaba entonces entre 1 150 y 1 200 euros, según el tipo. En Cádiz, el Ayuntamiento valoró en 25 481 euros los daños por la quema de 26 contenedores y dos papeleras durante una jornada de la huelga del metal de junio de 2025.
El Ayuntamiento de Barcelona valoró inicialmente en 36 000 euros los desperfectos en el mobiliario urbano tras los disturbios del 24 de octubre de 2026. En Bilbao, dos días después, ardieron 38 contenedores en Deusto, rozando los 65 000 euros en daños a bienes públicos según el balance municipal.
A ello se añaden cristales, persianas, cerraduras y mercancías. Para algunos comerciantes, abrir de nuevo significó llamar a un cerrajero de urgencia y asumir un gasto imprevisto antes incluso de vender.
Mientras se repone un contenedor, una señal o una bicicleta pública, el daño continúa: servicios que dejan temporalmente de prestarse, comercios que no pueden abrir y vecinos que soportan las consecuencias de unos actos en los que no participaron.
Una factura también ambiental
Quemar un contenedor no produce solo una fotografía impactante. Los residuos urbanos contienen plásticos, envases y materiales de composición diversa que arden al aire libre, sin los controles de una instalación de tratamiento, por lo que no debemos considerar irrelevante su impacto.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte de que la quema abierta de residuos puede liberar partículas, dioxinas y furanos. La Organización Mundial de la Salud recuerda que las partículas finas, especialmente las PM 2.5, pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo.
Además, lo destruido debe fabricarse de nuevo. Reponer significa consumir materiales, energía, transporte y trabajo para recuperar una función que ya existía. Y recoger los restos no significa necesariamente reciclarlos: los materiales quemados, deformados o mezclados pueden necesitar tratamientos específicos.
Cuando se apagan las llamas
Cuando se apagan las llamas, la protesta abandona los titulares. Pero quedan los residuos, las reparaciones, las horas de trabajo y los recursos públicos empleados para recuperar la normalidad.
Medir esos efectos no restringe el derecho a protestar. Al contrario: ayuda a distinguir con mayor claridad la reivindicación democrática de la violencia que termina trasladando su factura a los demás.
Fidel Bedia Castillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. El coste oculto de la violencia en las protestas – https://theconversation.com/el-coste-oculto-de-la-violencia-en-las-protestas-296529
Original source: https://submissions.mil-osi.com/2026/11/13/el-coste-oculto-de-la-violencia-en-las-protestas-296529/