Source: The Conversation – (in Spanish) – By Robert Muggah, Richard von Weizsäcker Fellow na Bosch Academy e Co-fundador, Instituto Igarapé
La administración de Daniel Noboa actuó rápidamente para imponer el estado de derecho en Ecuador tras su sorpresiva elección en 2023. A corto plazo, los resultados del presidente más joven en la historia de este país fueron impresionantes, incluyendo una reducción del 18 % en los homicidios en 2024.
La administración presidencial también habría aumentado las incautaciones de drogas en más del 30 %, totalizando alrededor de 250 toneladas el año pasado, en comparación con 188 toneladas en 2023. A pesar de que algunos observadores describen el último año como caótico, estas medidas han hecho que Noboa sea popular entre muchos ecuatorianos.
El pilar principal de la estrategia de mano dura contra el crimen del presidente implica la imposición de “estados de emergencia” y la consolidación de las instituciones de seguridad bajo su control.
Lanzada a principios de enero de 2024, la llamada estrategia Bloque de Seguridad integra a la policía, las fuerzas armadas y los ministerios del Interior y de Defensa Nacional. Las prisiones también han sido declaradas “zonas de seguridad” y están firmemente bajo el control de la policía y los militares. El presidente promete continuar con estas medidas si es reelegido.
Los riesgos de la seguridad militarizada
Si bien la militarización de la seguridad pública ha contribuido a reducir las altísimas tasas de homicidio, esta es solo una parte de la historia.
Los casos de extorsión y secuestro, de hecho, han aumentado en el último año, lo que sugiere que, lejos de ser desmanteladas, varias organizaciones criminales podrían estar simplemente cambiando sus tácticas. El jefe de la agencia nacional responsable de combatir el crimen violento (Dinased) afirma que los grupos criminales se están diversificando en nuevas economías ilícitas para garantizar su supervivencia.
Una de las limitaciones de la respuesta del gobierno ecuatoriano al crimen organizado es la ausencia de medidas preventivas para evitar que los jóvenes ingresen en grupos criminales desde el principio.
Si bien hay un amplio apoyo para la represión de los delincuentes, también existe interés en iniciativas sociales, educativas y económicas para incentivar a aquellos en situación de riesgo. Si hay alguna esperanza de debilitar las estructuras y redes del crimen a largo plazo, se necesitan estrategias más integrales.
Otra preocupación es que las respuestas militarizadas a la seguridad puedan llevar al surgimiento de nuevos grupos armados, incluidos paramilitares. Si bien todavía hay pocas evidencias de actividad paramilitar en Ecuador, el riesgo es real. Después de todo, existe una tradición de las llamadas “autodefensas” y “milicias” en toda América.
Mientras tanto, investigadores ya han documentado más de 160 “santuarios criminales” (especialmente en las provincias de Guayas y Esmeraldas), donde pandillas locales ofrecen protección a cambio de “ley y orden”.
Una preocupación relacionada entre los analistas es que la represión severa contra los grupos criminales, aunque mejore algunos aspectos de la seguridad pública, pueda contribuir a una transformación estructural del panorama del crimen organizado.
En Ecuador, al igual que en otras partes de América Latina, los riesgos parecen ser particularmente graves dentro del propio sistema penitenciario. De hecho, en los últimos cinco años, los grupos criminales arraigados en las prisiones han expandido sus operaciones por todo el país.
Al igual que en países como Colombia y México, las redes criminales de Ecuador están utilizando la violencia para coaccionar y corromper a políticos locales. En algunos casos, los grupos criminales obligan a las autoridades locales a pagarles a cambio de “protección”. Con el tiempo, esto debilita su autoridad y legitimidad, consolidando una especie de gobernanza criminal.
El llamado Escándalo Metástasis es un ejemplo revelador. El año pasado, la Fiscalía General de Ecuador acusó a 13 personas, incluidos políticos y fiscales, de estar involucrados en el mayor caso de corrupción y tráfico de drogas en la historia del país.
A pesar de las repetidas intervenciones de la policía y las fuerzas armadas para imponer control sobre las prisiones, todavía hay indicios de economías criminales activas dentro de los centros penitenciarios. Algunas de estas actividades parecen persistir debido a la implicación de policías y agentes penitenciarios corruptos.
Además, a pesar de la represión del gobierno de Noboa contra grupos criminales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, su fragmentación ha resultado en luchas internas por el poder aún más violentas.
La fragmentación de los grupos criminales de Ecuador, a su vez, ha redefinido sus relaciones con los carteles transnacionales: ahora, los grupos de tráfico de drogas mexicanos deben lidiar con múltiples bandas ecuatorianas, lo que alimenta una competencia violenta.
Recurso a los estados de emergencia
Aunque controvertidas, las autoridades ecuatorianas han decretado cerca de media docena de estados de emergencia (“estado de conmoción”) desde 2022. Algunos de estos decretos se han limitado a provincias específicas donde persisten focos de criminalidad. Recientemente, la Corte Constitucional de Ecuador restringió los decretos de emergencia de Noboa,citando la falta de justificación para un “conflicto armado interno” y la imposición inconstitucional de restricciones a los derechos. Estas decisiones también enfatizaron la necesidad de medidas de seguridad dentro de los límites de la legalidad, en lugar del uso excesivo de decretos de emergencia.
Más de la mitad del año en estado de emergencia
Ecuador estuvo bajo el estado de emergencia más de 250 días en 2024. El decreto más reciente, emitido en enero de este año, otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad y autoriza el despliegue de la policía nacional y las fuerzas armadas en áreas afectadas y prisiones.
Además, permite inspecciones, registros e incautaciones sin orden judicial, reduce la protección de la privacidad y facilita la vigilancia arbitraria. Los toques de queda entre las 22:00 y las 05:00 se aplican en más de 22 municipios.
No sorprendentemente, grupos de derechos humanos han levantado la alarma, asociando el enfoque de mano dura del gobierno con violaciones de las libertades civiles, tanto en las calles como en las prisiones. Movimientos sociales en Guayaquil y en ciudades a lo largo de la costa han realizado protestas, incluso con el aumento de la violencia criminal. Trabajando en condiciones altamente inseguras, activistas y defensores de derechos continúan movilizándose, aunque el apoyo público al enfoque de ley y orden de Noboa sigue siendo alto.
La persistente atracción de la mano dura en las Américas
La expansión e influencia del crimen organizado transnacional están generando desafíos complejos en toda América Latina. Por un lado, contribuyen al aumento de la violencia en países con tasas de homicidio históricamente bajas, como Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú. Por otro lado, generan una creciente sensación de inseguridad en países donde las tasas de homicidio se mantienen estables o en declive, como Brasil, Colombia, Panamá y varias naciones de América Central y el Caribe.
La respuesta extremadamente agresiva de ciertos gobiernos al crimen organizado ha atraído una atención considerable. El enfoque adoptado por Bukele en El Salvador desde 2022 es ampliamente admirado, incluso por autoridades de la nueva administración de Trump en Estados Unidos. Estrategias similares también han sido implementadas en la vecina Honduras, así como por Noboa en Ecuador.
A medida que crece la admiración por Bukele, también aumenta la atracción por las llamadas medidas de mano dura en toda la región, incluyendo la imposición de “estados de emergencia”.
Los estados de emergencia en Ecuador ya están generando repercusiones en toda América del Sur. Por un lado, están siendo seguidos de cerca por autoridades políticas en países vecinos: si se consideran eficaces, probablemente serán replicados. Por otro lado, también están siendo monitoreados por organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos,quienes temen que tales enfoques comprometan las libertades y los derechos fundamentales.
Hay otras formas prácticas en las que los estados de emergencia en Ecuador están generando impactos regionales. La fragmentación de las organizaciones criminales ha llevado a que algunas se desplacen a áreas alejadas del control estatal, incluidas regiones cercanas a fronteras y países vecinos. Esto puede resultar en los llamados efectos de “contagio”, “desplazamiento” o “globo”, cruzando fronteras internacionales. Como consecuencia, podría haber un aumento de las economías criminales, así como otras externalidades, como el desplazamiento de población y el crecimiento de la migración.
El próximo presidente de Ecuador debe adoptar un enfoque integral para enfrentar el crimen organizado. Desarticular los 22 grupos criminales del país requerirá cooperación con socios internacionales para combatir las redes de tráfico de drogas y lavado de dinero colombianas, mexicanas y albanesas que los financian.
También será necesario revertir la infiltración de las redes criminales en la política, que corrompen a políticos, fiscales, policías y agentes penitenciarios. Medidas preventivas dirigidas a las comunidades afectadas y a la mala gestión de las prisiones también son esenciales si Ecuador quiere cambiar de rumbo.
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– ref. La mano dura contra el crimen redujo la criminalidad en Ecuador, pero el problema aún persiste – https://theconversation.com/la-mano-dura-contra-el-crimen-redujo-la-criminalidad-en-ecuador-pero-el-problema-aun-persiste-249443