Source: The Conversation – (in Spanish) – By Diego Hidalgo-Oñate, Ph.D. (c) en Desarrollo Local y Cooperación Internacional, Universitat Jaume I
En un hecho sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ha creado jurisprudencia al fallar a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane y contra el Estado ecuatoriano. Este caso, promovido por colectivos de derechos humanos y ambientalistas, marca un hito al reconocer la responsabilidad internacional del Estado en la vulneración del derecho fundamental a la vida por causa de la vorágine extractivista.
En la sentencia, notificada en marzo 2025, se ordenan medidas de reparación para los sujetos de derecho afectados. Entre ellas, la posible ampliación del ZITT (Zona Intangible Tagaeri-Taromenane), un área rica en recursos naturales.
Esta es una mala noticia para las empresas petroleras, que adelantaban prospecciones en el área de influencia del ZITT. Sin duda, no pasan por sus mejores días, a diferencia de lo que ocurría durante “boom petrolero”, cuando operaban sin mayor control. Por el contrario, ahora hacen frente a una sociedad civil organizada que realiza acciones de incidencia política tales como protestas pacíficas y que interpone demandas para tratar de frenar el impacto socioecológico de esta industria.
El pueblo vota contra la explotación del Yasuní
Uno de los antecedentes legales que pesaron en la sentencia de la IDH fue el caso del Parque Nacional Yasuní, donde el Estado había aplicado una declaratoria de interés nacional para la explotación de petróleo sin considerar el derecho a la propiedad colectiva. Esta declaratoria se vio anulada tras un referéndum en el que el 59 % de los consultados se decantó por el fin de esa explotación.
El resultado de la Consulta Popular sobre el Yasuní de 2023 supuso otro revés para las inversiones petroleras, que habían puesto sus ojos en la riqueza subterránea de este parque nacional de la región amazónica ecuatoriana. En dicho referéndum, los ciudadanos se pronunciaron a favor de mantener indefinidamente el crudo del Bloque 43 bajo tierra. Esto a pesar de que la industria estaba utilizando tecnología de perforación horizontal para drenar el petróleo de toda el área.
La indignación surgió al salir a la luz imágenes satelitales que desvelaban la apertura de vías y la instalación de campamentos al interior del Parque Nacional Yasuní, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. En total se instalaron 12 plataformas y 225 pozos, con una producción estimada de 5 000 barriles diarios. Esa infraestructura deberá ser desmantelada para cumplir con la voluntad popular que es el fundamento de la autoridad, tal como lo establece el Artículo 1 de la Constitución de Ecuador.
Megamecheros, peligro para la salud
Otro caso que se ventila en la justicia ordinaria de Ecuador y que podría llegar a los tribunales internacionales se denomina Caso Mecheros. Se trata de la demanda de nueve niñas de la Amazonía ecuatoriana que buscan una reparación integral debido a la incidencia de cáncer en las comunidades aledañas a los campos petroleros. En esos lugares, resulta habitual efectuar la quema del gas que sale de los pozos, para lo cual se instalan los llamados mecheros o megamecheros, a modo de chimeneas en continua combustión.
Diego Hidalgo-Oñate
La extracción de petróleo crudo genera gas natural como subproducto. En áreas con limitaciones de infraestructura, quemarlo en mecheros es una práctica común.
El problema radica en que el gas asociado al petróleo sufre una reacción al entrar en contacto con la humedad del ambiente. Esto da lugar a compuestos que generan precipitados con potencial carcinogénico. Los residuos contaminan tanto el suelo como el agua, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades e implica un impacto directo en la salud humana. Principalmente para las mujeres, quienes están más en contacto con el ambiente debido a su rol reproductivo.
Este juicio ya cuenta con un dictamen favorable de segunda instancia de la Corte Provincial de Sucumbíos, que ordenó la eliminación de los mecheros. Sin embargo, ante el incumplimiento por parte del Estado, las demandantes presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que ha sido finalmente desestimada. Por ello, se prevé que este caso también sea llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su resolución.
No hay mal que por bien no venga. Plantear el Caso Mecheros en la IDH dará visibilidad al desperdicio de un recurso como el gas. Su aprovechamiento podría reducir en un tercio la importación de gas licuado del petróleo (GLP) por parte de Ecuador, lo que representaría un ahorro de más de 300 millones de dólares.
La maldición de los recursos, un círculo vicioso que gravita en función de los intereses económicos, podría tener los días contados gracias a la justicia internacional.
Diego Hidalgo-Oñate ha recibido fondos de Universitat Jaume I (UJI-B2021-18).
– ref. La justicia internacional pone freno a los intereses extractivistas y petroleros en Ecuador – https://theconversation.com/la-justicia-internacional-pone-freno-a-los-intereses-extractivistas-y-petroleros-en-ecuador-257101