Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raúl Céspedes Ventura, Profesor Asociado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación, Universidad de Murcia
¿Qué tiene que ocurrir en un centro educativo para que sea necesario que acuda la policía? En el caso de trece institutos catalanes desde finales del pasado abril, nada específico a priori: según el nuevo Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (Eduseg), puesto en marcha por el gobierno autonómico de forma experimental, agentes de policía vestidos de paisano pasarán a formar parte del paisaje humano de esos centros, por supuesto sin armas, para intervenir cuando sea preciso.
Mientras que las autoridades han defendido la medida como preventiva, en respuesta al “incremento de la complejidad en el entorno de los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa”, los sindicatos educativos protestan de no haber sido consultados y piden su retirada. Para estos últimos, los problemas graves de agresividad o convivencia deberían atajarse mucho antes, con más equipos sociales (psicopedagogos, orientadores y trabajadores sociales en los centros).
Antes de analizar ambas posturas, conviene preguntarse si existe realmente una crisis de conflictividad en las aulas.
¿Confirman los datos que hay más conflictividad?
El mayor estudio sobre convivencia escolar realizado en España en la última década fue encargado por el Ministerio de Educación a un equipo de la Universidad de Alcalá. Participaron 37 333 personas: alumnado, docentes, familias, equipos directivos y estructuras de orientación de 420 centros de primaria. Se publicó en 2023.
En este estudio todos los grupos valoran la convivencia de manera positiva. La puntuación media supera los 8,19 puntos sobre 10. El alumnado valora el clima con 9,24. El acoso afecta al 9,53 % del alumnado, un problema real que requiere atención, pero el estudio no describe un sistema en crisis de convivencia.
La percepción del profesorado cuenta otra historia
El Estudio estatal sobre las causas del malestar docente, elaborado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza con 13 213 encuestas, recoge que el 82,62 % del profesorado describe el clima del aula como conflictivo o complicado, mientras que el 83,15 % percibe un aumento de agresiones y el 76,66 % constata actitudes hostiles por parte de las familias.
El contraste con los datos internacionales llama la atención. El Informe sobre enseñanza y aprendizaje de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicado en diciembre de 2025, muestra que uno de cada cinco docentes, como promedio entre todos los países participantes, afirma experimentar mucho ruido y desorden en sus clases con frecuencia.
Ambos informes miden cuestiones algo distintas: la OCDE mide un problema concreto de disciplina, mientras que el español recoge una valoración global que incluye también la relación con las familias, la carga burocrática y la falta de apoyos especializados.
Esta situación tiene su impacto en la salud y el bienestar del profesorado: el estudio del Defensor del Profesor 2024-25, elaborado por la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza con 2 004 actuaciones, confirma el coste en salud: el 71,3 % de los docentes atendidos presenta ansiedad y solo el 4,4 % dice sentirse en calma.
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La brecha no es de percepcion: es estructural
¿Cómo se explica que el alumnado valore el clima con un 9,24 mientras el 80 % del profesorado lo describe como conflictivo? Ambos grupos dicen la verdad, ya que miden cosas distintas desde posiciones distintas.
Los docentes no solo gestionan conflictos entre alumnos. Detectan posibles abusos, atienden crisis de ansiedad y contienen conductas graves sin formación específica de calidad. El propio estudio citado señala que es el colectivo que peor valora sus herramientas de detección de problemas de convivencia: un 6,08 sobre 10. Y solo el 58 % del profesorado novel afirma haber recibido formación en gestión del aula.
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Más diversidad, menos recursos
Los recursos tampoco acompañan. Según la Estadística de las Enseñanzas no Universitarias. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Curso 2024-2025, el número de alumnos con necesidades de apoyo educativo crece y tensiona el sistema, mientras los recursos aumentan a un ritmo insuficiente.
Por ejemplo, es escasa la presencia de orientadores en los centros, psicólogos o pedagogos especializados encargados de detectar dificultades de aprendizaje, evaluar al alumnado y asesorar a familias y docentes. También atienden casos de salud mental y coordinan los apoyos educativos del centro. En España hay un orientador por cada 700 u 800 alumnos, mientras las recomendaciones profesionales son de uno por cada 250.
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Respuesta oficial escasa
¿Y qué ocurre cuando los docentes se enfrentan a conflictos graves, que superan su capacidad de respuesta? Si hay agresiones físicas o verbales, acoso o faltas de respeto graves, pueden acudir al Defensor del Profesor. Pero solo el 11,3 % de los casos atendidos por esta figura contó con apoyo de la inspección educativa, es decir, resultan en una intervención de la administración para respaldar al profesor. De ahí la sensación de desamparo.
Es difícil medir si en los institutos y colegios españoles hay hoy más conflictos o son más graves que hace unos años. Pero lo que sí está medido es que la capacidad del sistema para gestionarlos es insuficiente.
La evidencia señala otro camino
En Estados Unidos, algunos expertos han investigado el efecto de retirar a los agentes del orden de los institutos: se reducen los delitos notificados, pero las tasas de detención no bajan. Es decir, añadir o quitar agentes no resuelve el problema. Las escuelas necesitan estrategias que reduzcan su dependencia del sistema penal.
Un programa finlandés contra el acoso apunta en esa dirección. Un ensayo con 234 centros y 28 000 estudiantes mostró que los alumnos sin el programa tenían entre 1,3 y 2 veces más probabilidades de sufrir acoso o de ejercerlo.
El efecto fue mayor en primaria que en secundaria, y las intervenciones directas sobre casos detectados lograron poner fin a la conducta en el 86 % de ellos. Hoy este programa se aplica en el 82 % de los centros finlandeses. Ningún componente contempla presencia policial.
Lo que la medida catalana revela
La presencia de agentes en los centros catalanes es el síntoma de un vaciado silencioso. Cada orientador que atiende a 700 alumnos en lugar de 250 es un conflicto que no se detecta a tiempo. Cada educador social que no está en plantilla es una mediación que no ocurre. Cada hora de burocracia supone una hora menos de atención al alumnado que más lo necesita. Los tutores necesitan más recursos, espacios y tiempos para poder llevar a cabo su labor de forma eficaz y eficiente.
Cuando esos vacíos se acumulan, la respuesta termina siendo policial. No porque los centros sean más peligrosos, sino porque están más solos.
La sociedad debe decidir qué escuela quiere. Una con los apoyos que necesita para enseñar. O una convertida en frontera, donde el profesorado hace de todo y la policía cubre los huecos.
La docencia no puede con todo, ni debería poder.
Raúl Céspedes Ventura no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Policías en el instituto? Ante la violencia escolar, se puede hacer mucho más y mucho antes – https://theconversation.com/policias-en-el-instituto-ante-la-violencia-escolar-se-puede-hacer-mucho-mas-y-mucho-antes-281769