Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan José Rastrollo Suárez, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca
Las noticias sobre las actividades atribuidas al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a abrir un debate que reaparece con frecuencia en las democracias contemporaneas: cómo regular la influencia política de quienes han ocupado cargos públicos.
Más allá de polémicas momentáneas y de posiciones partidistas, el caso pone de nuevo sobre la mesa un viejo problema: la falta de un marco claro y homogéneo sobre lobby, transparencia e influencia institucional en España.
Mientas el debate resurge con cada nuevo escándalo, siguen sin culminar su tramitación iniciativas directamente relacionadas con esta materia, como el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés o el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
1. ¿Qué es realmente un lobby (y por qué no es necesariamente algo negativo)?
Aunque el término lobby esté rodeado de mala fama, influir en las decisiones públicas no es, por sí mismo, algo ilegítimo. Empresas, sindicatos, organizaciones de muy distinto tipo, universidades o territorios tratan cada día de trasladar sus intereses, demandas y propuestas a quienes toman las decisiones que pueden afectarles. En una democracia plural, esa interlocución forma parte del procedimiento normal de diseño y ejecución de las políticas públicas.
Quienes toman decisiones y elaboran las normas que regulan nuestra vida cotidiana necesitan información, conocimiento experto y contacto con la realidad social y económica sobre la que legislan o gobiernan. Por eso, aquellos que representan intereses de diverso tipo ante responsables públicos deberían poder hacerlo sin presunción de culpa en un marco que garantice la trazabilidad de sus contactos y la publicidad de los intereses defendidos.
El problema aparece, precisamente, cuando esa influencia se ejerce sin reglas claras ni controles suficientes. Es entonces cuando pueden llegar a surgir prácticas poco transparentes muy difíciles de distinguir de la corrupción.
El lobby es, en esencia, la representación organizada de intereses ante los poderes públicos. Las llamadas “puertas giratorias” hacen referencia al paso de antiguos responsables públicos al sector privado, sobre todo en ámbitos sobre los que pudieron decidir o influir previamente desde el cargo que ocupaban, con el consiguiente riesgo de conflictos de interés.
El tráfico de influencias, en cambio, es un supuesto más grave: una actuación ilícita que consiste en utilizar indebidamente una posición de poder (o cercanía al poder) para favorecer intereses particulares.
El problema, por tanto, no es la influencia en sí, sino la falta de reglas claras: registros públicos y mecanismos de supervisión que permitan distinguir entre interlocución legítima y prácticas opacas.
2. ¿Por qué España sigue sin regular adecuadamente la influencia política?
La regulación de los grupos de interés no es una excepción en las democracias de nuestro entorno. Cada vez más países la asumen como un pilar esencial dentro de su sistema institucional.
Para empezar, la Unión Europea ha ido reforzando en los últimos años sus mecanismos de transparencia e integridad pública. En ese aspecto destaca la creación del Registro de Transparencia, en activo desde 2011, que obliga desde 2021 a las organizaciones que quieren influir en las instituciones europeas a declarar a quién representan, qué intereses defienden, qué recursos destinan a esta finalidad y cuáles son sus fuentes de financiación.
Más recientemente, la Directiva (UE) de 2026 sobre la lucha contra la corrupción ha venido a armonizar y reforzar las tipificaciones penales de corrupción en la Unión, al tiempo que incorpora un enfoque preventivo basado en integridad, evaluación de riesgos, estrategias nacionales y cooperación institucional.
Países como Canadá y Estados Unidos llevan décadas regulando el lobby de forma específica. En los últimos veinte años, además, muchos Estados europeos e iberoamericanos –entre ellos, Francia, Irlanda, Alemania, Chile, Perú, Brasil o Finlandia– han aprobado normas para incrementar la transparencia y el control en torno a la realización de estas actividades. Esta es la tendencia actual: más registro, más trazabilidad y más luz sobre los contactos entre grupos de interés y responsables públicos.
España, sin embargo, sigue sin contar con un marco estatal claro y homogéneo sobre lobby y representación de intereses.
Muy probablemente, una de las razones detrás de la falta de interés en regular la cuestión está en la mala imagen que estas actividades han arrastrado durante años, demasiado a menudo asociadas a prácticas clientelares, tráfico de influencias o corrupción. Esta falta de confianza ha terminado por generar una paradoja difícil de justificar: la influencia política existe y se ejerce a diario, pero sigue funcionando sin reglas claras y comunes en buena medida.
Pero además pesa otro factor: la falta de incentivos de quienes gobiernan a contener sus posibles excesos. Si el “arte de influir” y las relaciones construidas en torno al poder político quedaran sometidas a una regulación más exigente, a mayores obligaciones de transparencia, supervisión y rendición de cuentas se complicaría la vida de algunos de nuestros dirigentes una vez abandonados los cargos públicos.
3. ¿Se desactivarían sospechas con una legislación clara?
Una regulación adecuada de los grupos de interés en España ayudaría a desactivar sospechas y prejuicios sobre una actividad que, bien encauzada, podría contribuir a consolidar una democracia más abierta y participativa. La opacidad, en cambio, perjudica sobre todo a quienes actúan de forma legítima, al colocarles bajo una sospecha permanente que no deberían soportar.
La regulación del lobby no sirve solo para controlar el poder. También puede reforzar la confianza en las instituciones democráticas y hacer más creíble el principio de integridad pública.
Además unas reglas claras beneficiarían a todos: a los cargos públicos, porque reducirían sospechas y acusaciones genéricas; a empresas, asociaciones y ONG porque evitarían la sensación de opacidad y garantizarían una igualdad real de acceso a quienes toman las decisiones; a exdirigentes y responsables públicos, porque limitarían la desconfianza sobre su actividad y también a los medios de comunicación, porque contarían con información verificable. Sin embargo, cuanta menos regulación existe, más fácil resulta que cualquier actividad posterior se perciba como sospechosa.
Por esa razón, parte del propio sector profesional vinculado a la representación de intereses lleva años reclamando marcos más claros y homogéneos. APRI, la asociación de profesionales de las relaciones institucionales, cuenta con un Código de Conducta propio desde 2011, renovado en 2021, que recoge compromisos de identificación, declaración del interés defendido y transparencia, respeto a las incompatibilidades y confidencialidad. El texto añade, además, una previsión especialmente significativa: quienes hayan ocupado cargos públicos deben esperar tres años antes de vincularse a la asociación, salvo que ya ejercieran con anterioridad la actividad de asuntos públicos.
Además, hay que destacar algunos esfuerzos realizados a nivel autonómico: en Cataluña, el Registro de grupos de interés exige a quienes se inscriben aceptar un Código de conducta común elaborado por la Generalitat, con obligaciones de transparencia, identificación, actualización de la información y respeto a las incompatibilidades.
En definitiva, cuanto más visible y reglado es el intento de influir, más fácil resulta distinguir entre interlocución legítima y prácticas irregulares.
Juan José Rastrollo Suárez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Zapatero reabre el debate de la regulación de los ‘lobbies’ – https://theconversation.com/zapatero-reabre-el-debate-de-la-regulacion-de-los-lobbies-283634