Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alessandro Indelicato, Professor, Universidade de Vigo
En mayo de 2021, varios miles de personas cruzaron a Ceuta en menos de 48 horas. El informe oficial del Ministerio del Interior correspondiente a esas fechas señala: “Los datos relativos a Ceuta no recogen la entrada de inmigrantes irregulares que se produjo los días 17 y 18 de mayo”.
En julio de 2026 se repitió un episodio de magnitud considerablemente mayor. El informe de esas fechas indica: “Los datos relativos a Ceuta no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, que requieren un análisis específico”.
Son dos textos diferentes que dicen lo mismo con cinco años de diferencia. El Ministerio del Interior no incluye en sus estadísticas oficiales los días en los que se produjo cada crisis. No se trata de un error puntual de un informe concreto, sino de un procedimiento que se repite ante un mismo tipo de episodio. Como resultado directo de esto, los picos de mayor magnitud de la serie quedan fuera del propio registro que debería documentarlos.
Cuando las estadísticas oficiales enmascaran la realidad
Utilizar la migración como herramienta de presión entre Estados no es un fenómeno hipotético: ya ha ocurrido en la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia, y también está documentado, con matices distintos, en las relaciones de Turquía y Libia con la UE.
El caso de Ceuta aporta una nueva pieza a esta literatura. Cuando dos episodios presentan similitudes operativas relevantes y la documentación disponible aporta indicios compatibles con una posible instrumentalización, el modo en que el Estado receptor interpreta y presenta públicamente esos hechos puede variar de un episodio a otro. Si las estadísticas oficiales sigan excluyendo los días en que realmente ocurre cada crisis, cada vez será más difícil documentar e interpretar nuevos episodios a medida que se vayan produciendo.
Llevo años investigando la migración y, últimamente, he participado en COREnet, una red de investigación europea para el intercambio de información crítica sobre el tema. Esto me ha permitido cruzarla con otros fenómenos: religión, guerra y geopolítica. A partir de ahí empecé a analizar la frontera de Ceuta con una pregunta muy concreta: ¿qué pasa cuando la migración deja de ser un fenómeno puramente social y empieza a ser utilizada como instrumento de presión entre Estados?
Migración coercitiva instrumentalizada
En la literatura académica, a esto se le llama migración coercitiva instrumentalizada (CEM). El concepto fue definido por la politóloga Kelly Greenhill hace más de una década en su libro Weapons of Mass Migration. Según esta teoría, un Estado o un actor no estatal crea o amenaza con facilitar deliberadamente un flujo migratorio hacia otro país con el fin de obtener concesiones políticas. No es un concepto marginal. La propia Unión Europea lo introdujo en su marco legal en 2024 a través del Reglamento (UE) 2024/1359, en respuesta al caso de Bielorrusia. En 2021, el régimen de Alexander Lukashenko trasladó a miles de personas desde Minsk hasta la frontera con Polonia y Lituania. Ello como represalia por las sanciones europeas tras el presunto fraude electoral de 2020.
Para examinar hasta qué punto los episodios de Ceuta presentan rasgos compatibles con esta categoría, reconstruí la serie de llegadas irregulares a Ceuta, Melilla y Canarias desde 2018. Usé como fuente los informes quincenales del Ministerio del Interior. Sobre esa base construí un análisis estadístico de series temporales interrumpidas para las seis crisis migratorias más relevantes del periodo. Este incluyó validación de pruebas placebo (se repite el mismo análisis estadístico, pero usando datos falsos o modificados donde no debería existir impacto).
Una exclusión estadística que se repite
El hallazgo más significativo no aparece en la magnitud de las cifras, sino en cómo se registran. La exclusión de los datos correspondientes a los ingresos masivos de mayo de 2021 y julio de 2026 se repite de forma significativa y revela un patrón operativo similar en ambos episodios.
La documentación de inteligencia y seguridad disponible, desclasificada en el caso de 2026, permite identificar indicios de una dinámica comparable.
Respecto a los sucesos de 2026, varias informaciones periodísticas publicadas en septiembre de este año señalan la existencia de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), remitido a la Audiencia Nacional, que incluiría fotografías de agentes marroquíes –uniformados y de paisano– guiando el flujo de personas hacia puntos concretos de acceso.
La dirección general de la Policía Nacional negó públicamente la existencia de un informe que atribuyera esa planificación a las autoridades marroquíes. Ningún medio ha tenido acceso directo y verificado al documento. Este contraste entre lo publicado y lo desmentido oficialmente no permite dar por probada una decisión política al más alto nivel del Gobierno marroquí, pero sí ilustra, una vez más, la misma tensión entre discurso oficial y evidencia disponible.
Una respuesta política distinta ante un patrón similar
Lo que sí marca diferencia entre los dos episodios es la respuesta política. En 2021 ,el Gobierno mantuvo durante meses un discurso explícito de coerción. La ministra de Defensa, Margarita Robles, habló de la situación como “chantaje”, hasta la reconciliación diplomática de marzo de 2022.
En 2026 se dio otra secuencia. El 31 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó lo sucedido como “ataque a la integridad territorial”, un lenguaje tan contundente como el de 2021. Pero a finales de agosto la cobertura informativa ya apuntaba al agradecimiento por la “cooperación” marroquí. En su comparecencia del 3 de septiembre, el presidente de gobierno español encuadró el episodio dentro de un “patrón recurrente y estacional”.
La ciencia política da explicaciones a este tipo de divergencias sin necesidad de presuponer mala fe. Los ejecutivos tienden a gestionar el coste político doméstico de una crisis antes que atribuir con precisión una responsabilidad externa. Sobre todo cuando el señalado es un país del que depende de muchas cosas, entre ellas la cooperación en materias como la pesca, la seguridad o el futuro control migratorio.
Por qué es relevante más allá de este caso
Que las estadísticas oficiales omitan episodios como los de mayo de 2021 y julio de 2026 no impide que la información acabe conociéndose a través de la prensa, de organismos como el Parlamento Europeo o de trabajos como este. Pero sí determina en qué condiciones se conoce: con retraso, de forma fragmentada y en función de quién la haga pública primero.
Mientras tanto, el relato político de cada episodio ya se ha consolidado en la opinión pública. Compite con una versión de los hechos reconstruida más tarde, con menos capacidad de marcar el encuadre inicial.
La consecuencia no es que estos episodios queden ocultos –claramente no lo están–, sino que la ventana en la que define cómo se interpretan políticamente se cierra antes de que exista un relato verificado de forma independiente. Y esa ventana, como muestra la comparación entre 2021 y 2026, es donde se decide si un episodio se recuerda como coerción, como crisis humanitaria o como una anécdota estacional más.
Alessandro Indelicato no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Ceuta 2021 y 2026: las estadísticas oficiales omiten los datos de las dos grandes crisis migratorias – https://theconversation.com/ceuta-2021-y-2026-las-estadisticas-oficiales-omiten-los-datos-de-las-dos-grandes-crisis-migratorias-292850