Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Pedro Sánchez defiende con firmeza que Ucrania debe elegir su futuro, pero desde marzo de 2022 apoya el plan de Marruecos que niega al pueblo saharaui su autodeterminación. La razón: España necesita a Rabat para la migración y la seguridad. El coste: pierde credibilidad cuando aplica el derecho internacional de forma selectiva.
La diferencia se vio claramente con la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dirigente del Frente Polisario e hijo de un histórico líder saharaui, en un ataque con dron registrado el 7 de junio, que el Polisario atribuye a Marruecos.
El episodio ocurrió justo cuando el enviado del Secretario General de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, visitaba los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia. El contraste es simbólico: mientras el mundo negocia, la guerra sigue activa.
El rol de España
Para España, este asunto no es un problema ajeno. Fue la potencia administradora del territorio hasta febrero de 1976 y su salida dejó pendiente el proceso para que este eligiera su futuro. Por eso, cada movimiento de Madrid sobre el Sáhara tiene un peso político, jurídico y moral que no puede compararse al de otros Estados europeos. España no habla de una crisis lejana: habla, en buena medida, de una responsabilidad histórica propia.
Entonces, ¿por qué Sánchez decidió cambiar la posición tradicional española? La respuesta no está en un solo factor, sino en la combinación de varios.
El primero es la relación estratégica con Marruecos. Rabat es un socio clave para España en el control migratorio, la cooperación policial y la lucha contra el terrorismo, así como en asuntos comerciales y energéticos. En la práctica, normalizar la relación con Marruecos se convirtió en una prioridad del Ejecutivo tras la crisis diplomática de 2021, cuando las autoridades marroquíes permitieron la entrada masiva de más de 10 000 personas por la frontera de Ceuta como represalia por la hospitalización en España del líder del Polisario, Brahim Ghali.
Un plan realista, pero jurídicamente cuestionable
El giro se hizo oficial en marzo de 2022, con la carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI. En ella, el presidente español consideraba el plan marroquí de autonomía como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Con esa decisión, Madrid buscó recomponer una relación bilateral que consideraba esencial para la estabilidad de Ceuta, Melilla, Canarias y la frontera sur en general. Desde una lógica de poder, la decisión resulta comprensible. Desde una lógica jurídica, es mucho más discutible.
Ahí aparece la contradicción. España invoca el derecho internacional para condenar la ocupación rusa de territorios ucranianos y para reclamar el respeto a la población civil en otros conflictos. Pero en el Sáhara acepta una solución que, tal como la plantea Marruecos, no permite a los saharauis ejercer su derecho a la autodeterminación; el mismo derecho que la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 1991, ya reconocía al pueblo saharaui y que motivó la creación de la MINURSO, la misión de la ONU encargada de organizar un referéndum que nunca llegó a celebrarse.
En otras palabras, el principio se defiende con fuerza en unos escenarios y se relativiza en otros.
Esa diferencia debilita la credibilidad exterior española. No porque todos los conflictos sean idénticos, sino porque el lenguaje de los principios pierde fuerza cuando se aplica de manera selectiva. Y esa selectividad no pasa desapercibida. La perciben Argelia, que apoya al Polisario. La perciben muchos países africanos y latinoamericanos. Y la perciben también quienes, dentro de España, siguen viendo en el Sáhara una deuda histórica no resuelta.
Además, el momento actual añade otro elemento incómodo: España quiere aparecer como país que ayuda a llegar a acuerdos, pero su posición la aleja de ser vista como neutral. Madrid ha acogido reuniones relevantes sobre el conflicto, incluso impulsadas con apoyo de Estados Unidos y la ONU en febrero de 2026, pero al mismo tiempo una de las partes –el Polisario– sabe que el Gobierno español ya ha asumido como preferente la propuesta marroquí. Eso limita su margen como interlocutor creíble.
Guerra tecnológica y asimétrica
A todo ello se suma un cambio en la propia naturaleza del conflicto. La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz en un ataque con dron recuerda que el Sáhara también ha entrado en la guerra tecnológica y asimétrica. Marruecos dispone de drones Bayraktar turcos, Wing Loong chinos y tecnología israelí, mientras el Polisario carece de contramedidas efectivas. Esa desigualdad refuerza la tentación internacional de aceptar sin más una solución que consolida el control actual: el de Marruecos, y desplazar la autodeterminación a un plano retórico.
En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó por primera vez el plan marroquí como base de negociación, lo que añade un nuevo peso internacional a la postura de España.
Cuando el derecho internacional sirve de comodín
Pero precisamente ahí está el núcleo del problema. Si la comunidad internacional, y en particular España, acepta que la estabilidad vale más que el derecho, el mensaje es claro: el derecho internacional se aplica cuando conviene y se deja de lado cuando estorba. El caso saharaui se convierte así en algo más que un conflicto olvidado: se vuelve un espejo incómodo de la política exterior española.
La pregunta, por tanto, no es solo por qué Sánchez cambió de postura. La pregunta de fondo es qué precio está dispuesta a pagar España por esa decisión: en coherencia, en credibilidad y en memoria histórica. Porque una cosa es buscar una relación útil con Marruecos, y otra muy distinta asumir que la utilidad justifica renunciar al principio que, en otros escenarios, se presenta como irrenunciable. Si el derecho internacional vale de verdad, debe valer también cuando es difícil. Si no es así, no vale.
Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Pedro Sánchez defiende la autodeterminación en Ucrania y la niega en el Sáhara: ¿por qué? – https://theconversation.com/pedro-sanchez-defiende-la-autodeterminacion-en-ucrania-y-la-niega-en-el-sahara-por-que-285121