Source: The Conversation – (in Spanish) – By Aritz Obregón Fernández, Investigador y profesor de Derecho internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia tienen algo en común. Los “cinco grandes” cuentan con la capacidad de vetar proyectos de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano que ostenta la responsabilidad primordial de garantizar la paz y seguridad internacionales.
Este privilegio asegura que no se adopten resoluciones contra sus intereses ni contra los de sus Estados aliados. Por ejemplo, desde 2023, Estados Unidos ha vetado ocho proyectos de resolución sobre la cuestión palestina en apoyo a Israel.
El pasado 21 de septiembre, Reino Unido anunció que se suma a la iniciativa franco-mexicana que pretende limitar el derecho de veto en caso de atrocidades masivas. El anuncio, realizado coincidiendo con la presencia en Nueva York de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno para participar en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha supuesto un giro de guion importante. La postura de Londres, que lleva desde 1989 sin vetar, suma un segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad (el otro es la propia Francia) a la propuesta de limitación. En total son ya 128 los Estados que plantean su rechazo al derecho de veto y respaldan un sistema de seguridad colectiva.
331 vetos desde 1945
Una revisión del uso del derecho de veto desde la creación de Naciones Unidas en 1945 arroja un balance de 2 828 resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad frente a 331 proyectos de resolución vetados. En este conteo no se incluyen los proyectos retirados ante la amenaza del uso cierto del veto.
Las tendencias resultan evidentes: Rusia, sucesor de la Unión Soviética en el órgano, ha sido responsable de 163 vetos, mientras que Estados Unidos ha ejercido 95. El resto de los miembros permanentes lo ha utilizado con más mesura. Reino Unido, con 32 veces, y Francia, con 18, llevan desde 1989 sin ejercer dicho derecho. China, por el contrario, acumula 23 vetos, la mayoría de ellos emitidos a partir de 2007.
La revisión de los temas que han sido objeto de veto también resulta muy reveladora. Desde 2008, Rusia, Estados Unidos y China han emitido 68 vetos, entre los que destacan los relativos al conflicto sirio (28), la cuestión palestina (15), la no proliferación nuclear (6) y Ucrania (6).
Su limitación e, incluso, eliminación constituyen una demanda recurrente del resto de Estados. En el Pacto para el Futuro de 2024, aprobado por la Asamblea General de la ONU, todos los “jefes y jefas de Estado y de Gobierno en representación de los pueblos del mundo” sostuvieron la necesidad de una reforma urgente del Consejo de Seguridad. En el texto se destaca la cuestión del veto como un aspecto clave, reconociendo la necesidad de debatir la limitación de su alcance y uso.
La iniciativa franco-mexicana
En 2015, México y Francia lanzaron una declaración que llamaba a la suspensión del derecho de veto en caso de atrocidades masivas. Es decir, cuando tengan lugar crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a gran escala.
El planteamiento era simple: la comisión de estas “atrocidades masivas” supone una amenaza a la paz y seguridad internacionales de tal nivel que el veto no puede impedir la necesaria intervención del Consejo de Seguridad.
La iniciativa no tiene como fin promover una modificación de la Carta de Naciones Unidas para limitar su uso, sino alcanzar un acuerdo político entre los miembros permanentes sobre su no utilización. De manera que la asunción de este compromiso “colectivo y voluntario” no implicaría la renuncia al derecho de veto.
Otro aspecto que relativiza la propuesta es la falta de concreción del responsable de dicha calificación. La lógica lleva a pensar que la responsabilidad se asuma desde el propio Consejo de Seguridad mediante una resolución. Pero ¿y si la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos se pronuncian en ese sentido? La indefinición es alarmante.
Tal y como ha demostrado el genocidio de Gaza, los Estados suelen ser reticentes a realizar tales declaraciones, especialmente sobre actores con los que se mantienen buenas relaciones, y más aún en el caso específico de genocidio. Las razones de ello son variadas, pero entre ellas destaca una: si se admite su comisión, se está reconociendo la existencia de una serie de obligaciones de prevención y represalia ante estos crímenes internacionales.
Una mayoría apoya la iniciativa
Aunque la iniciativa tenga limitaciones y Reino Unido no haya ejercido el veto desde 1989, su respaldo supone un avance significativo. No solo suma un segundo miembro permanente a la propuesta, sino que, como apuntábamos antes, con él son ya 128 Estados los que apuestan por dicha limitación, entre ellos España. Esto equivale al respaldo de casi dos tercios de los 197 Estados miembros de Naciones Unidas.
En un contexto internacional cada vez más convulso, en el que la prohibición de utilizar la fuerza armada en las relaciones internacionales está en crisis y se está observando un aumento de la utilización del derecho de veto desde 2011, existe una mayoría de Estados que apuesta por profundizar en el sistema de seguridad colectiva que dote de sentido a una institución multilateral como la ONU.
Esta tendencia puede ser utilizada para impulsar reformas que, si bien no alcancen al veto, potencien el rol de la Asamblea General para exprimir al máximo las competencias que tiene en el ámbito de la paz y seguridad internacionales.
Por ejemplo, en 2022, a raíz del veto a la resolución que condenaba la agresión rusa a Ucrania, se acordó la convocatoria de una reunión automática de la Asamblea General tras cada veto a fin de abordar la cuestión y tratar de realizar una relativa rendición de cuentas.
Tal vez sea el momento de rescatar el formato de la Resolución 377 Unión Pro Paz de la Asamblea General, fechada en 1950. Esta introducía la posibilidad de que la Asamblea General recomiende el establecimiento de medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza militar, en el caso de que el Consejo de Seguridad quede paralizado por el derecho a veto.
Aritz Obregón Fernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Crece el cisma en el Consejo de Seguridad: Reino Unido se posiciona junto a Francia contra el derecho de veto – https://theconversation.com/crece-el-cisma-en-el-consejo-de-seguridad-reino-unido-se-posiciona-junto-a-francia-contra-el-derecho-de-veto-293428